PRISIÓN PREVENTIVA POR ROBO CALIFICADO: EL ANÁLISIS DE CÁMARAS DE SEGURIDAD, CLAVE PARA ESCLARECER EL CASO

La Fiscalía de Instrucción a cargo del fiscal Nicolás Gambini de Bell Ville ha ordenado la prisión preventiva de Mayra Micaela Ortiz, de 31 años, imputada como partícipe necesaria en un robo calificado con arma de fuego, ocurrido en la localidad de Justiniano Posse el pasado 20 de julio. 

Este avance en la causa fue posible, en gran parte, gracias al análisis exhaustivo de cámaras de seguridad que permitieron esclarecer detalles clave del caso. Este recurso tecnológico, combinado con análisis de comunicaciones telefónicas y declaraciones testimoniales, fue determinante para reconstruir la mecánica delictiva y confirmar la participación de la implicada.

Según la investigación Ortiz habría coordinado y facilitado la ejecución del delito, en complicidad con otros individuos aún no identificados, quienes ingresaron al domicilio de la víctima, para robar. 

Detalles aportados por la Fiscalía, indican que la imputada manejaba un vehículo Chevrolet Agile en el que habría trasladado a sus cómplices y facilitado su escape tras el hecho. 

Las cámaras de seguridad instaladas en la localidad captaron tanto la llegada como la huida de los implicados, lo que resultó determinante para reconstruir la secuencia de los hechos y vincular a Ortiz con el robo.

Además de los registros de video, el avance de la causa se apoyó en testimonios y en un análisis de comunicaciones telefónicas que evidencian una presunta organización delictiva. Las llamadas interceptadas muestran que Ortiz mantenía contacto constante con sus cómplices, coordinando el robo y garantizando su huida.

“Este cuadro probatorio robusto, reforzado por las imágenes de las cámaras de seguridad, nos permitió no solo vincular a la imputada con el hecho, sino también establecer su papel esencial en la ejecución del mismo”, señalaron fuentes de la investigación.

La Fiscalía ahora ordenó la prisión preventiva de Ortiz en base a indicios de peligro procesal, debido a la existencia de otras causas penales abiertas en su contra y su historial de conducta que podría poner en riesgo el desarrollo del proceso.

El delito que se le atribuye a la acusada es el de robo calificado por uso de arma y la pena que le podría caber, en caso de ser condenada por ese ilícito, sería de hasta 10 años de prisión.