El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba sancionó a la fiscal de Bell Ville, Isabel Reyna, luego de una investigación administrativa originada en una denuncia presentada por la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ).

De acuerdo con la información publicada sobre la resolución, el máximo tribunal provincial consideró acreditadas distintas situaciones de maltrato hacia empleados y pares, además de expresiones que fueron consideradas discriminatorias.

La sanción aplicada contempla una multa de 50 Jus, equivalente a unos $2.395.600, junto con una recomendación para que la funcionaria recurra a espacios profesionales destinados a trabajar aspectos vinculados con el trato interpersonal.

La denuncia había sido presentada por el gremio judicial y el sumario reunió testimonios de trabajadores y otros integrantes del ámbito judicial. Ya en 2025, la AGEPJ había informado que el TSJ había abierto un sumario contra Reyna por denuncias de violencia laboral, malos tratos y expresiones discriminatorias.

Gritos, destrato y un clima laboral cuestionado

Según los elementos incorporados al expediente, durante el período investigado se habrían producido episodios caracterizados por gritos, destrato y exigencias consideradas desmedidas.

Uno de los datos que aparece como especialmente significativo es que ocho empleados solicitaron ser trasladados durante el período analizado.

El dato merece atención porque permite dimensionar que, si la resolución del máximo tribunal provincial efectivamente tuvo por acreditadas estas conductas, no estaríamos simplemente ante una discusión sobre estilos personales o una funcionaria de "carácter fuerte", sino frente a un problema relacionado con el funcionamiento de una dependencia judicial.

La propia AGEPJ había advertido meses atrás que la situación excedía la cuestión del denominado "mal carácter" y planteaba un problema de violencia laboral dentro del Poder Judicial.

También se acreditaron expresiones discriminatorias

La resolución también habría considerado acreditadas expresiones relacionadas con cuestiones de raza, orientación sexual y aspecto físico, además de otras manifestaciones realizadas en el marco de causas judiciales sensibles.

Frente a las acusaciones, Reyna negó los hechos y sostuvo que su manera de expresarse respondía a un estilo de comunicación "directo".

La fiscal también habría planteado que algunos de los testimonios en su contra respondían a una supuesta traición o complot de subordinados.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia consideró que el material reunido durante el sumario era suficientemente contundente para acreditar las conductas investigadas.

Una pregunta incómoda: ¿alcanza con una multa?

Y acá aparece una cuestión que excede el caso particular.

¿Qué significa que una fiscal sea sancionada por maltrato laboral y continúe ejerciendo una función de enorme responsabilidad dentro del sistema judicial?

La discusión no pasa solamente por los aproximadamente 2,4 millones de pesos de la multa. El verdadero problema institucional es determinar si una sanción económica y una recomendación para mejorar el trato son suficientes cuando el propio máximo tribunal provincial considera acreditado un comportamiento sostenido que habría afectado a trabajadores.

Porque quienes trabajan dentro de una Fiscalía no están en una oficina cualquiera. Allí se toman decisiones que afectan la libertad, el patrimonio y los derechos de las personas.

Por eso, la vara que se aplica sobre quienes ejercen funciones judiciales debería ser particularmente alta.

La sanción tampoco debería ser utilizada para demonizar a una persona. Pero tampoco debería minimizarse como un simple problema de personalidad.

Si durante años hubo reclamos, pedidos de traslado y testimonios sobre situaciones de maltrato, la pregunta también es qué hicieron los mecanismos institucionales para prevenir que el problema llegara hasta este punto.

La AGEPJ ya había cuestionado precisamente la demora en la resolución del sumario y había señalado que la situación había generado traslados de prácticamente la totalidad del personal de la oficina.

El antecedente del caso Lian

El nombre de Isabel Reyna también adquirió notoriedad pública en 2025 por su participación en la investigación por la desaparición de Lian Gael Flores Soraide, el niño de tres años desaparecido en Ballesteros Sud.

En febrero de 2025 se había conformado un Equipo Conjunto de Investigación integrado por fiscales provinciales y federales para fortalecer la búsqueda del niño.

Meses después, en septiembre de 2025, Reyna se apartó de la investigación. La decisión fue confirmada por el abogado de la familia y la causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía General de Córdoba.

Por eso, la sanción conocida ahora vuelve a colocar a la fiscal en el centro de la discusión pública, aunque son dos cuestiones diferentes y no corresponde establecer una relación entre ambas sin pruebas.

La cuestión de fondo

Más allá del nombre propio, el caso deja planteado un debate que debería ser tomado con seriedad por el Poder Judicial cordobés: qué controles existen cuando quien ejerce una función jerárquica es acusado reiteradamente de maltratar a sus subordinados y cuánto tiempo puede transcurrir hasta que una institución intervenga.

La violencia laboral no deja de ser violencia porque ocurra dentro de un tribunal o una fiscalía.

Y si la Justicia pretende ser una institución que garantice derechos hacia afuera, también debería ser capaz de garantizar condiciones dignas de trabajo hacia adentro.

Según la información publicada y los antecedentes consultados por FM de la MEDIALUNA.

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Resumen Express

¿Qué pasó?
El TSJ de Córdoba sancionó a la fiscal de Bell Ville Isabel Reyna por conductas de maltrato laboral que consideró acreditadas.

¿Cuál fue la sanción?
Una multa de 50 Jus y recomendaciones vinculadas al trato interpersonal.

¿Qué se investigó?
Denuncias de maltrato, hostigamiento y expresiones discriminatorias.

¿Qué dato llamó especialmente la atención?
Según los antecedentes difundidos, ocho empleados solicitaron ser trasladados durante el período investigado.

¿Qué debate deja abierto?
Si las sanciones existentes son suficientes para prevenir situaciones de violencia laboral dentro del propio Poder Judicial.

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Según la información recogida por el periodista Guillermo Miranda para FM de la MEDIALUNA.